Por Jose Luis Escalona Muñoz
Psicólogo/Magister en Neurociencias
Director Instituto para el desarrollo del pensamiento Kimün
Hablar hoy de salud mental en Chile no debiera ser una novedad. Llevamos años reconociendo una deuda que atraviesa gobiernos de distintas orientaciones políticas. Los problemas de salud mental forman parte de nuestra vida cotidiana, laboral, familiar y educacional. En 2024, los trastornos mentales representaron el 33,1% de las licencias médicas electrónicas por enfermedad o accidente común, convirtiéndose nuevamente en el principal grupo diagnóstico.
El suicidio también continúa siendo un problema de salud pública. Pero aquí la honestidad obliga: después del aumento observado en años anteriores, las cifras más recientes muestran un descenso. Reconocerlo es importante. Una baja no significa que el problema haya desaparecido, pero tampoco podemos construir un argumento ignorando los datos que no confirman nuestra preocupación. La prevención sigue siendo necesaria. Del mismo modo, que hoy exista una Ley Integral de Salud Mental en tramitación —cuyo proyecto fue aprobado en general por unanimidad en el Senado durante 2026— no significa que la deuda esté saldada.
Quizás ese ha sido uno de nuestros mayores problemas: llevamos demasiado tiempo sabiendo que la salud mental importa, pero seguimos sin asumirla plenamente como una responsabilidad pública.
Y aquí aparece el actual Gobierno.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un aumento global de 4,7% para Salud, mientras el gasto público total crecería alrededor de un 1,5%. El Gobierno presenta esta cifra como una señal de fortalecimiento del sistema en un contexto de estrechez fiscal.
Pero conviene mirar más allá del dato general.
Aumentar el presupuesto de Salud no significa necesariamente fortalecer cada una de sus áreas. Dentro de un presupuesto también existen prioridades y renuncias. Y entre las propuestas para 2027 aparecen reducciones o discontinuidades que afectan programas vinculados con la salud mental y con las condiciones sociales que contribuyen a prevenir su deterioro.
La propuesta todavía está siendo discutida por el Congreso. No sabemos si cada uno de estos recortes se concretará.
Pero no podemos pecar de ingenuos pensando que eso vuelve irrelevante la discusión.
Un presupuesto expresa prioridades. Una propuesta también expresa una intención.
Y no es inocente que algunas iniciativas queden sobre la mesa mientras otras se mantienen, se fortalecen o se consideran indispensables.
Cuando hablamos de salud mental, además, solemos cometer un error: pensar que comienza y termina dentro de un box. En el psicólogo, en el psiquiatra, en el CESFAM o en el hospital.
Todo eso importa.
Pero la salud mental también se juega fuera del sistema sanitario: en las escuelas, los trabajos, las familias, los barrios y las comunidades.
Se juega en la posibilidad de tener un empleo estable, acceder a educación, contar con redes de apoyo, ejercer autonomía y proyectar una vida sin vivir permanentemente bajo la incertidumbre económica.
Por eso una política social también puede ser, aunque no lleve ese nombre, una política de salud mental.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone, por ejemplo, dejar sin financiamiento explícito a Yo elijo mi PC, programa que durante 2026 benefició a más de 96 mil escolares. También contempla financiar a Prodemu solamente hasta marzo de 2027 y posteriormente sus gastos de cierre, liquidación y disolución, si la propuesta no es modificada durante su tramitación.
Ninguno de estos programas es, estrictamente hablando, un programa de salud mental. Sería intelectualmente deshonesto presentarlos como tales.
Pero tampoco basta con mirar su nombre administrativo. Debemos preguntarnos qué ocurre con la salud mental cuando se debilitan políticas que reducen brechas, fortalecen la autonomía, sostienen redes o amplían oportunidades.
Salud mental y calidad de vida no son sinónimos, pero tampoco son mundos separados. Una puede deteriorarse sin que inmediatamente lo haga la otra. También pueden retroalimentarse. Y cuando las condiciones sociales empeoran, parte de esa factura puede aparecer después en los centros de salud, las licencias médicas, las urgencias o las hospitalizaciones.
El problema es que muchas veces llegamos ahí cuando ya es demasiado tarde y, en vista de las últimas gestiones de financiamiento del gobierno, me queda preguntar: ¿Será que, mientras recortamos herramientas públicas para abordar la salud mental, estamos preparando nuevamente el terreno para que sea la Iglesia la que vuelva a ocupar este lugar? Lo planteo considerando los millones destinados a infraestructura que podría tener ese uso.
No porque las comunidades religiosas no puedan aportar contención, sentido o redes de apoyo. Pueden hacerlo y, de hecho, históricamente lo han hecho.
La pregunta es otra: ¿qué responsabilidades está asumiendo el Estado y cuáles está dejando nuevamente en manos de las comunidades?
La salud mental lleva demasiado tiempo esperando que dejemos de reconocerla solamente como una deuda y comencemos a tratarla como una responsabilidad.
Por eso la discusión sobre el Presupuesto 2027 no debería limitarse a cuánto aumenta o disminuye el gasto. La discusión de fondo es qué entendemos por bienestar y qué sociedad estamos dispuestos a financiar para alcanzarlo.
El Gobierno tiene derecho a definir sus prioridades. La ciudadanía, a su vez, tiene derecho a preguntarse qué país comienza a dibujarse detrás de ellas.
¿Qué país pretende construir este Gobierno?
¿Qué país nos quiere heredar?
Porque si queremos hablar seriamente de bienestar, no basta con preguntarnos cuánto cuesta atender a una persona cuando enferma.
También debemos preguntarnos cuánto estamos dispuestos a hacer para que las condiciones en las que vive no terminen enfermándola.
