Latinoamérica y la Nueva Guerra Fría: puertos, cables, 5G y “soberanía funcional”

Por qué una cadena de conflictos —de Chancay al Canal de Panamá, del 5G en Costa Rica al cable Chile–Hong Kong— sugiere que la región dejó de ser “periferia” para convertirse en infraestructura estratégica. Y cómo, sin tropas ni banderas, reaparece una lógica neocolonial basada en control de sistemas.

Por Felipe Grisolía

I. El puerto que cambió de significado

En la costa central del Perú, el megapuerto de Chancay parecía, hasta hace poco, una promesa reconocible: más comercio, más inversión, un salto logístico hacia el Pacífico. Pero en 2026, el proyecto entró en otra categoría. Ya no es solo una obra, sino una pregunta de poder: ¿quién controla, fiscaliza y decide en crisis?

El punto de inflexión no fue una ceremonia ni un anuncio de inversión. Fue una disputa legal y política sobre la supervisión estatal. En febrero, BioBioChile reportó el choque abierto: Perú calificó de “inaceptable” que se impidiera fiscalizar el megapuerto construido por Cosco, tras un conflicto judicial vinculado al regulador Ositran. Días después, la polémica escaló desde “regulación” a “seguridad”. En una columna firmada por Evan Ellis —académico asociado al U.S. Army War College— se sostiene que, si Perú atraviesa una crisis política durante una guerra mayor en el Indopacífico, la falta de control estatal sobre operaciones podría abrir un escenario donde el puerto sea explotado con fines militares por China, precisamente por el control operativo que atribuye a Cosco y por la inestabilidad interna peruana.

No hace falta aceptar ese escenario extremo para entender el fenómeno. Basta con observar el mecanismo: cuando la discusión pasa a ser quién puede entrar, auditar, inspeccionar, exigir información y ordenar cambios, el activo deja de ser “económico” y pasa a ser geopolítico. En una Guerra Fría tecnológica, la ambigüedad —sobre todo en infraestructura crítica— ya es un riesgo.

II. ¿Neocolonialismo o competencia normal? Una definición que se puede “auditar”

Llamar “neocolonialismo” a todo vínculo económico con potencias es un error. Pero descartarlo como retórica también. La clave está en usarlo como diagnóstico verificable, no como eslogan. En el marco que has planteado, el neocolonialismo no es ocupación territorial ni control político directo: es independencia formal con control externo efectivo, mediante mecanismos indirectos —económicos, técnicos, contractuales y de influencia— que reducen la capacidad soberana real del Estado.

Si lo aterrizamos en criterios operativos, hay neocolonialismo sistémico cuando un país:

1. No puede fiscalizar de verdad una infraestructura crítica situada en su territorio.

2. Queda “atado” por contratos o cláusulas que hacen muy costoso revertir control o cambiar proveedor.

3. Depende de un actor externo para operación, mantenimiento, software, repuestos, datos y continuidad.

4. En crisis, su margen de maniobra se estrecha por presión de potencias, arbitrajes, sanciones o chantajes económicos.

Este conjunto produce lo que podríamos llamar soberanía funcional debilitada: el Estado existe, gobierna, legisla… pero en puntos estratégicos su capacidad de mando real se difumina. Chancay se vuelve importante, entonces, no solo por su tamaño, sino porque abre un caso clásico: infraestructura crítica + disputa por fiscalización + lectura dual-use + tensión EE.UU.–China.

III. Panamá: el Canal como frontera invisible de la nueva Guerra Fría

Si Chancay simboliza el auge de un hub del Pacífico sudamericano, Panamá es la bisagra planetaria donde el comercio se vuelve seguridad. Allí, el conflicto es más explícito: el Canal y sus terminales no pueden escapar a la lógica de bloques. Associated Press explicó cómo dos puertos en las entradas del Canal arrastraron a Panamá a una pugna entre Estados Unidos y China, con repercusiones diplomáticas y decisiones institucionales internas. Reuters informó que la Corte Suprema de Panamá anuló contratos clave de puertos operados por una filial de CK Hutchison, dejando en el aire la propiedad/gestión de terminales estratégicos en las bocas del Canal.

Y en días recientes, el medio AP reportó allanamientos e incautación de documentos en oficinas de la compañía, tras la declaración de inconstitucionalidad de la concesión, en un contexto donde China acusa presión estadounidense y el tema se vuelve parte de la narrativa global. El resultado se parece a un manual de la época: un tema de concesiones portuarias termina convertido en pulseada diplomática, judicial y económica. La disputa alcanza incluso a operaciones corporativas: el Financial Times reportó que un grupo respaldado por BlackRock y MSC buscaba cerrar un acuerdo global por activos portuarios de CK Hutchison, pero excluyendo los activos panameños por el conflicto local. Panamá muestra la esencia del problema latinoamericano en un mundo polarizado: aunque intentes “no elegir bando”, un nodo crítico te obliga a decidir. Y cuando decides —o cuando te empujan a decidir— aparece el costo país: arbitraje, incertidumbre regulatoria, presión externa, polarización interna.

IV. Chile: el cable submarino y la política de la conectividad

Hay disputas que ocurren sin grúas ni contenedores, pero con el mismo efecto: controlar el flujo. El caso chileno lo ilustra con crudeza: telecomunicaciones como infraestructura estratégica. Reuters reportó que Chile negó autorización para que un buque hospital chino ofreciera atenciones a población local durante su visita a Valparaíso, en un contexto de presión estadounidense creciente por la relación con China, especialmente por un proyecto de cable submarino para conectar Chile y Hong Kong con participación de firmas chinas. Reuters también señaló medidas estadounidenses como restricciones de visas a funcionarios chilenos vinculadas a preocupaciones sobre infraestructura crítica de telecomunicaciones.

En el debate local, CIPER publicó una columna que sintetiza el dilema: no se trata de obedecer a Washington, sino de construir capacidades propias para evaluar riesgos de seguridad nacional sin improvisación ni dependencia de terceros. Chile revela un punto incómodo: en la era digital, el territorio en disputa ya no es solo la tierra, sino la red. Cables, centros de datos y 5G son “rutas” del siglo XXI. Quien controle esas rutas —o quien esté en posición de imponer condiciones— tiene poder.

V. 5G en Costa Rica: cuando la disputa geopolítica se judicializa

Costa Rica ofrece un microcosmos de la guerra tecnológica global: el 5G convertido en batalla regulatoria y judicial. RCR Wireless informó que un tribunal costarricense suspendió la exclusión de Huawei como proveedor 5G, mostrando cómo la disputa por proveedores, seguridad y competencia se desplaza a tribunales. Y un análisis de Global Affairs (Universidad de Navarra) planteó que, pese a lo solicitado por Washington, en general las subastas 5G en América Latina no vetan a Huawei, destacando que Costa Rica había sido el caso de mayor restricción.

Aquí el debate no es solo “qué empresa gana una licitación”. Es qué ecosistema tecnológico se vuelve dominante: hardware, software, mantenimiento, actualizaciones, ciberseguridad, y —sobre todo— gobierno del dato. El neocolonialismo sistémico, en clave digital, no requiere controlar un ministerio: basta con controlar el estándar, el proveedor, la dependencia técnica. La soberanía se juega en cláusulas de interoperabilidad, acceso a logs, inspección de código, custodia de información y capacidad de reemplazo.

VI. Argentina y el “dilema dual-use”: ciencia, espacio e ISR

Si puertos y telecom son “capas” visibles, el espacio añade una capa que mezcla ciencia, defensa e inteligencia. El American Security Project analizó la estación china de espacio profundo en Neuquén como parte de una estrategia de infraestructura crítica con preocupaciones por transparencia y potencial uso dual, en el marco de competencia geopolítica. Reuters, años antes, describió la instalación como una “caja negra”, señalando preocupaciones sobre falta de supervisión física y dificultades de verificación efectiva pese a cláusulas de uso civil.

Esta dimensión importa porque, en un mundo polarizado, las infraestructuras civiles se interpretan estratégicamente. Aunque el Estado anfitrión lo entienda como cooperación científica, potencias rivales lo ven como posicionamiento. De nuevo: no hace falta probar el peor escenario. Basta con que la infraestructura sea interpretable como dual-use para activar la lógica de bloques.

VII. Centroamérica: la disputa Taiwán–China y el costo doméstico del alineamiento

La Guerra Fría reactivada también se expresa en diplomacia. En Centroamérica, el reconocimiento a Taiwán o Beijing no es solo un gesto; es un contrato de expectativas económicas y presiones cruzadas. El medio AP reportó el caso hondureño, con impacto en productores de camarón y empleo tras perder el mercado taiwanés, alimentando debate político interno sobre el giro diplomático. Y AS/COA examinó el “tira y afloja” China–Taiwán en Centroamérica y el Caribe, donde países más pequeños quedan atrapados entre promesas de inversión, reconocimiento diplomático y la competencia global. Este patrón se acerca mucho a la definición clásica de neocolonialismo: dominación indirecta a través de promesas, acceso a mercados y financiamiento, con élites locales como mediadoras, y costos internos cuando las promesas no compensan lo perdido.

VIII. El patrón regional: del “territorio” al “sistema”

Con los casos sobre la mesa, aparece una estructura común:

1) Infraestructura crítica como “nueva frontera”

Puertos, cables, 5G y estaciones espaciales se vuelven equivalentes modernos a “pasos estratégicos”. Por eso la competencia EE.UU.–China los securitiza: se vuelven seguridad nacional.

2) Contratos y regulación como instrumentos de poder

El conflicto no ocurre solo en cancillerías: ocurre en tribunales, reguladores, organismos fiscalizadores y concesiones. Chancay y Costa Rica muestran cómo la disputa entra al Estado por la puerta jurídica.

3) “Paquetes” que crean dependencia (obra + crédito + proveedor + tecnología)

Cuando un proyecto viene cerrado, con un operador dominante y tecnología propietaria, la reversión se vuelve cara. Eso reduce soberanía funcional a futuro.

4) La política doméstica se vuelve campo de batalla internacional

En Perú, la inestabilidad política aparece como amplificador del riesgo en el análisis de Ellis; en Panamá, decisiones institucionales se leen como capitulación ante presión externa; en Chile, un cable deriva en fricción diplomática.

IX. Consecuencias económicas: crecimiento con prima de riesgo

Para usar “neocolonialismo” con rigor, primero hay que ubicarlo dentro de un mapa conceptual que suele confundirse con “poscolonialismo” y “decolonialidad”. El poscolonialismo puede entenderse tanto como un período histórico posterior al dominio colonial como una corriente crítica (especialmente desde el siglo XX) que analiza los legados políticos y culturales de la colonización; en esa línea se mencionan aportes como los de Edward Said (Orientalism), los Estudios Subalternos y debates de autores como Stuart Hall, quien subraya la ambigüedad del término pero reconoce su utilidad para discutir identidad, poder y representación. En paralelo, la decolonialidad surge desde el grupo Modernidad/Colonialidad como un “giro” que busca ir más allá de la independencia formal: no basta con descolonizar el territorio o el Estado, también hay que “descolonizar” las formas de pensar, los marcos epistemológicos y las prácticas de vida.

El trasfondo del concepto neocolonialismo: su origen no es completamente claro (se le atribuye a Sartre o al leninismo), pero en definiciones tempranas —como la de la All-African People’s Conference (1961) y, sobre todo, Kwame Nkrumah— se enfatiza una idea central: el Estado “neocolonizado” es formalmente soberano, pero queda controlado desde afuera por vías indirectas, a través de recursos económicos, políticos, técnicos, militares o ideológicos. La meta sería semejante a la del colonialismo clásico —mantener dependencia y extracción de beneficios— solo que mediante mecanismos más sutiles: financiamiento, condicionamientos comerciales, influencia cultural/educativa (Altbach lo aplica a educación y vida intelectual), y alianzas con élites locales que administran el poder interno de modo funcional a los intereses externos.

El neocolonialismo sería una “nueva forma de colonia” basada en dependencias múltiples (económicas, políticas, culturales, ideológicas e incluso educativas) sin ocupación física ni colonos, donde la dominación opera por instrumentos indirectos y por acuerdos con élites del país subordinado. Y cierra con la distinción clave: mientras poscolonialismo y decolonialidad se entienden principalmente como escuelas de pensamiento/crítica y propuesta, el neocolonialismo describe ante todo una condición o situación histórica concreta: la persistencia —adaptada— de relaciones de subordinación y control externo pese a la independencia formal.

X. ¿Qué queda de la autonomía? Un “kit” mínimo para evitar el neocolonialismo sistémico

La región no tiene por qué elegir entre “cerrarse” o “entregarse”. Pero sí necesita capacidades estatales para no caer en soberanía meramente formal. Un kit mínimo —inspirado por lo que los casos revelan— sería:

• Cláusulas de soberanía operacional: inspección, auditoría, sanción, acceso a datos operacionales, continuidad en crisis.

• Evaluación de riesgo estratégico ex ante para infraestructura crítica (puertos, telecom, espacio).

• Diversificación de proveedores y financiamiento: evitar paquetes cerrados irreversibles.

• Transparencia contractual: anexos técnicos, arbitraje, obligaciones de información.

• Capacidades técnicas propias: ciberseguridad, ingeniería contractual, supervisión logística.

CIPER lo sintetiza bien desde el caso chileno: la lección no es obedecer a una potencia, sino construir capacidades nacionales para evaluar riesgos con autonomía.

XI. Epílogo: la disputa no es por banderas, es por interruptores

El siglo XXI no necesita colonias formales para imponer dependencia. Puede hacerlo con infraestructura: quien controla el puerto controla la cadena; quien controla el cable controla la señal; quien controla el 5G controla el sistema nervioso; quien controla la estación espacial puede controlar información estratégica.

Latinoamérica aparece así como territorio en disputa, sí, pero sobre todo como sistema en disputa.