El conflicto boliviano combina tres crisis superpuestas. La primera es económica: falta de dólares, inflación, combustibles escasos y caída de la actividad. La segunda es social: sindicatos, campesinos, maestros, transportistas, mineros y juntas vecinales presionan desde la calle. La tercera es política: un presidente sin control suficiente de la calle ni de todas sus alianzas institucionales enfrenta la demanda de renuncia antes de cumplir un año en el cargo.
A menos de siete meses de asumir, el presidente boliviano Rodrigo Paz enfrenta protestas que partieron como reclamos salariales, agrarios y sectoriales, pero derivaron en una crisis nacional con bloqueos, desabastecimiento y llamados abiertos a su renuncia. Detrás del conflicto convergen la falta de dólares, el fin de subsidios, la inflación, el deterioro del abastecimiento de combustible, la presión de sindicatos, campesinos, transportistas, mineros, maestros, sectores afines a Evo Morales y un empresariado que advierte que el daño económico puede extenderse por años.
Bolivia llegó a junio con el país cortado por bloqueos y con su capital administrativa sometida a un deterioro cotidiano: filas para cargar combustible, mercados con precios disparados, rutas cerradas, camiones varados y hospitales con problemas de abastecimiento. La protesta, que comenzó como una suma de reclamos sectoriales, terminó convertida en una crisis política nacional que puso contra las cuerdas al presidente Rodrigo Paz.
El conflicto no nació de un solo hecho. La agencia Reuters, de Reino Unido, reconstruyó que las movilizaciones comenzaron con huelgas a inicios de mayo y luego crecieron hasta involucrar sindicatos, mineros, transportistas y grupos rurales que exigían revertir medidas de austeridad y responder al alza del costo de vida. En Bolivia, medios como Correo del Sur, de Bolivia, sitúan el origen económico más atrás: Paz asumió en noviembre de 2025 en medio de una crisis por falta de dólares iniciada en 2023, desabastecimiento de combustibles e inflación anual de 20,40% en 2025.
El reporte preliminar que sirve de base a esta versión ya identificaba tres capas del conflicto: una crisis económica de divisas, inflación y combustibles; una crisis social protagonizada por organizaciones sindicales, campesinas, docentes, vecinales y de transporte; y una crisis política marcada por la demanda de renuncia presidencial.
La economía que se quedó sin margen: al borde del colapso
El primer dato duro es la escasez de divisas. La crisis boliviana se volvió visible en las filas por dólares y por combustible, pero su impacto terminó llegando a la producción, el transporte, el comercio exterior y el abastecimiento interno. Correo del Sur, de Bolivia, informó que, con las protestas, volvió a escasear la gasolina y el diésel, y además faltó oxígeno medicinal para hospitales.
La dimensión económica del conflicto ya no se mide solo en cortes de ruta. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, estimó ante la Agencia EFE, de España, que el impacto acumulado ascendía a “1.680 millones de dólares”, según proyecciones de la Cámara Nacional de Industrias. En la misma nota, el economista Fernando Romero advirtió: “El daño no se limita a la producción perdida”; también golpea exportaciones, logística, recaudación y generación de divisas.
Los pequeños empresarios describen otro ángulo de la crisis: la parálisis de talleres y proveedores. Opinión, de Bolivia, citando a Urgente.bo, de Bolivia, informó que unas 20.000 pequeñas y medianas empresas fueron afectadas por los bloqueos. Juan Carlos Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, resumió el impacto laboral así: “Hay ya miles de trabajadores que ya están en las calles”.
El transporte pesado también quedó atrapado en el conflicto. Brújula Digital, de Bolivia, reportó más de 7.000 camiones paralizados y pérdidas superiores a 200 millones de bolivianos. Álvaro Ayllón, presidente de la Cámara de Transporte de La Paz, dijo: “Tenemos más de 7.000 camiones en las diferentes carreteras”. Luego agregó que el comercio exterior estaba prácticamente paralizado, con contenedores detenidos en puertos y unidades varadas entre Chile y Bolivia.
Desde el empresariado, el diagnóstico es más grave que coyuntural. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia sostuvo, en un comunicado recogido por Erbol, de Bolivia, que “la gravedad del momento exige decisiones inmediatas” y que cada día de parálisis acerca al país a una “situación de catástrofe”. La entidad también advirtió que miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas, están siendo empujadas hacia el colapso.
El estallido social y activación política
La protesta se armó como una coalición de malestares. En ella confluyen la Central Obrera Boliviana, maestros urbanos y rurales, campesinos de la Federación Tupac Katari, integrantes del movimiento Ponchos Rojos, juntas vecinales de El Alto, transportistas, mineros y sectores leales a Evo Morales.
Prensa Latina, de Cuba, resumió esa composición: desde la convocatoria de la Central Obrera Boliviana del 1 de mayo convergieron la Marcha por la Vida procedente de Oruro, sectores evistas, juntas vecinales, mineros, campesinos Ponchos Rojos, fabriles, maestros, gremiales y transportistas.
El punto común, sin embargo, terminó siendo político: la renuncia de Paz. Emol, de Chile, con despacho de la Agencia EFE, de España, consignó que los bloqueos son liderados por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana, organizaciones vecinales de El Alto y grupos leales a Evo Morales, todos con una “única demanda”: la salida del presidente.
El reclamo campesino combina rechazo a leyes, sospecha de privatización y malestar con el Ejecutivo. En Opinión, de Bolivia, Vicente Condori, máximo ejecutivo de la Federación Tupac Katari, expresó: “El pueblo está enojado, el Estado debe comprender que debe trabajar con todos los bolivianos”.
La Central Obrera Boliviana, por su parte, fue escalando desde demandas salariales hacia una posición de confrontación política. Según Unitel, de Bolivia, Mario Argollo, su máximo representante, llamó a sostener la presión: “Salgamos a las calles a protestar porque lastimosamente el gobierno central no va a entender”. Días después, en declaraciones recogidas por El País, de España, Argollo condicionó la asistencia al diálogo a la decisión de las bases: “Las decisiones vienen de manera orgánica”.
El factor Evo y la disputa por la calle
El Gobierno acusa a Evo Morales de alimentar la protesta. Morales, refugiado políticamente en su bastión del Chapare y con causas judiciales pendientes, niega que su papel sea meramente instrumental. La agencia Associated Press, de Estados Unidos, en una nota difundida por Oregon Public Broadcasting, de Estados Unidos, recogió una declaración suya publicada en la red social X: “El Gobierno y la derecha dicen que soy un cadáver político”. En la misma publicación, Morales sostuvo que mientras no se atiendan las demandas sobre combustible, alimentos e inflación, la sublevación no se detendrá.
Pero el rol del expresidente divide incluso a quienes fueron críticos de Paz. En entrevista con El País, de España, la activista María Galindo fue directa: “Evo Morales no quiere morir por esto, quiere que otros mueran por él”. Para Galindo, Morales intenta beneficiarse de protestas que no inició ni conduce.
La lectura de los analistas también apunta a una crisis de representación más que a un mando único. Armando Ortuño dijo a El País, de España: “Ninguna de las dos partes tiene condiciones para imponerse”. En su análisis, el Gobierno no cuenta con herramientas suficientes para una salida dialogada y los manifestantes carecen de un liderazgo político claro.
El Gobierno entre diálogo, fuerza y estado de excepción
Paz ha intentado combinar negociación, mensajes de orden y preparación de medidas excepcionales. Red Uno, de Bolivia, consignó que el mandatario llamó a superar la “cultura del bloqueo” y afirmó: “Bolivia quiere producir, quiere crecer”. En esa misma intervención proyectó una gestión basada en diálogo y crecimiento. Pero en la práctica la respuesta estatal se movió hacia el uso de la fuerza. Unitel, de Bolivia, informó que una operación policial y militar movilizó unos 3.500 efectivos para abrir paso a alimentos, medicinas y combustibles. José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial, defendió el operativo: “El objetivo central de este operativo era tener estos insumos”.
La designación de Ernesto Justiniano como ministro de Defensa profundizó esa línea. Reuters, de Reino Unido, informó que Paz lo nombró para despejar bloqueos y que Justiniano declaró: “La tarea inmediata es restablecer la normalidad”. El mismo despacho señaló que Paz envió al Congreso un proyecto para autorizar operaciones conjuntas de policías y militares destinadas a despejar caminos. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó ante Reuters, de Reino Unido, cualquier posibilidad de renuncia. Calificó los pedidos de salida de Paz como “antidemocráticos” y agregó: “No respetar las instituciones democráticas, y la democracia misma, equivale a intentar un golpe de Estado”. Desde la otra vereda, sectores sociales y dirigentes sostienen que el Gobierno se alejó de quienes lo apoyaron electoralmente. Reuters, de Reino Unido, recogió una frase de Mario Argollo ante manifestantes en El Alto: Paz “se olvidó de su base electoral”.
El abastecimiento como campo de batalla
La crisis ya no ocurre solo en la política. Se mide en pollo, gasolina, verduras, carne y medicamentos. El País, de España, describió filas de más de mil personas frente a un camión municipal en La Paz para recibir pollo, y reportó que solo en mayo la inflación se disparó más de 5% en la capital boliviana. Un taxista, Wilfredo Villamil, resumió el agotamiento cotidiano: “Trabajo tres días y tengo que parar otros tres porque no hay gasolina”.
En Cochabamba, la escasez opera como anticipación de desastre. Una compradora del Mercado Municipal América, Mónica Inturrias, dijo a El País, de España: “Estoy comprando todo lo que tengo, no sé cuándo volverá a haber carne”. La nota agrega que frutas y verduras se pudren en camionetas varadas y que los pollos mueren de hambre por el cierre de caminos. El alcalde de El Alto, Eliser Roca, también puso el foco en el costo social de la protesta. Reuters, de Reino Unido, consignó que la ciudad pierde cerca de 6,5 millones de dólares diarios por los bloqueos. Roca pidió diálogo y advirtió: “Muchas familias viven al día”.
La mirada internacional: respaldo a Paz y acusaciones de golpe de Estado
La crisis boliviana dejó de ser un asunto exclusivamente interno. Estados Unidos respaldó al Gobierno de Paz y elevó el tono contra los bloqueos. Reuters, de Reino Unido, informó que el subsecretario de Estado Christopher Landau calificó la situación como un golpe y declaró: “No se equivoquen: esto es un golpe”. Al Jazeera, de Catar, consignó que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, comparó las protestas con un intento de derrocamiento y afirmó: “Estados Unidos está observando”. En esa misma declaración, Hegseth advirtió que Bolivia no debía caer bajo una supuesta dominación “narcoterrorista”.
Ese respaldo internacional coincide con el relato oficial boliviano, pero agrava la polarización regional. El País, de España, informó que el Gobierno de Paz quedó enfrentado a Colombia luego de que Gustavo Petro apoyara las protestas como “insurrección popular”, mientras que otros gobiernos de la región respaldaron la institucionalidad boliviana.
