El ingeniero, académico y exdirigente de Educación 2020 cuestionó el diseño económico del gobierno de José Antonio Kast y apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por una estrategia que —según sostiene— combina rebajas tributarias, presión sobre el gasto público y eventuales recortes a programas sociales. Sus críticas se producen en medio de la controversia por las definiciones presupuestarias y la eventual revisión de programas públicos sensibles.
En su primera línea de crítica, Waissbluth plantea que las cifras fiscales del gobierno “no cuadran”. Su argumento central es que las rebajas tributarias propuestas por el Ejecutivo abrirían una merma relevante de ingresos, a la que se sumaría el déficit fiscal de arrastre. Desde esa mirada, el académico sostiene que la apuesta oficial depende de que la inversión privada aumente lo suficiente como para generar mayor recaudación futura.
El problema, advierte, está en los tiempos. Aunque esa hipótesis se cumpliera, los nuevos proyectos de inversión tardarían años en producir utilidades tributables, por lo que el gobierno enfrentaría en el corto plazo una brecha fiscal difícil de cerrar. En ese contexto, Waissbluth cuestiona que se prometa mantener el gasto social y, al mismo tiempo, compensar menores ingresos mediante una supuesta “eficientación” del Estado.
“No cuadran las cifras.”
“Si no habrá reducción del gasto social, entonces la presumible ‘eficientación’ del gasto implicaría —inevitablemente— la reducción de funcionarios.”
La segunda crítica apunta a lo que Waissbluth denomina “la cuestionable apuesta de Quiroz”. Según su análisis, el ministro de Hacienda estaría impulsando una estrategia basada en reducir impuestos a empresas y sectores de mayores ingresos, bajo la expectativa de que ello reactive la inversión, eleve el crecimiento y, posteriormente, aumente la recaudación. Waissbluth compara esa lógica con experiencias de economía de oferta que, a su juicio, no cumplieron sus promesas distributivas.
Su reparo no es únicamente técnico, sino también político. Advierte que, mientras se espera el eventual efecto positivo de la inversión privada, el gobierno tendría que ajustar el gasto para cuadrar las cuentas fiscales. Ese ajuste, dice, podría traducirse en recortes de prestaciones sociales, disminución de dotaciones públicas o ambas cosas, generando conflictividad social y afectando justamente el clima de inversión que el Ejecutivo buscaría estimular.
“Está apostando a que los empresarios van a salir corriendo a invertir.”
“Por mientras ‘llueven’ las supuestas nuevas recaudaciones, para equilibrar la caja, le pegará un guadañazo al gasto social.”
La tercera línea de cuestionamiento se concentra en programas educacionales que Waissbluth considera socialmente relevantes. Entre ellos menciona el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE, que busca facilitar el ingreso y permanencia de estudiantes vulnerables en la educación superior. En su opinión, una eventual eliminación o reducción de este tipo de iniciativas no debería definirse solo desde una planilla presupuestaria.
Waissbluth sostiene que el PACE cuenta con evaluaciones que muestran efectos positivos en acceso, retención y focalización, especialmente en estudiantes de alto rendimiento provenientes de contextos vulnerables. Por eso, utiliza este caso para cuestionar una lógica de recorte que, según plantea, podría afectar programas con evidencia de utilidad pública y con beneficiarios que difícilmente pueden reemplazar ese apoyo por sus propios medios.
“Otro de los programas que el Sr. Quiroz propuso eliminar es este.”
“El programa mostró un impacto positivo y significativo en el acceso a la universidad para los estudiantes vulnerables.”
La cuarta crítica se dirige al Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, uno de los ejemplos más sensibles mencionados por Waissbluth. El académico advierte que cualquier ajuste sobre esta política tendría efectos directos en estudiantes vulnerables, especialmente en sectores donde la alimentación entregada por el sistema escolar cumple una función de protección social básica.
En su análisis, Waissbluth reconoce que las evaluaciones pueden mostrar resultados mixtos en dimensiones como rendimiento académico, pero enfatiza que el programa cumple un rol relevante en asistencia, retención y condiciones mínimas de educabilidad. Desde esa perspectiva, plantea que el debate no debería centrarse solo en eficiencia presupuestaria, sino también en los efectos sociales de debilitar apoyos esenciales para niños, niñas y adolescentes.
“Este es uno de los programas que Hacienda propone eliminar dentro de sus recortes.”
“Sin el aporte calórico, el rendimiento de los alumnos vulnerables tendería a la baja.”
La quinta idea queda sintetizada en la expresión más dura de sus publicaciones: “la motosierra de Quiroz”. Con esa frase, Waissbluth acusa que las rebajas tributarias impulsadas por el gobierno terminarían acompañadas de recortes en programas sociales, particularmente en educación. En su listado menciona apoyo a la educación pública, alimentación escolar, becas docentes, mentorías, lectura, escritura, reinserción escolar y acceso a la educación superior.
Para Waissbluth, el problema de fondo no es solo el tamaño del ajuste, sino su orientación. Su tesis es que el gobierno estaría privilegiando una reducción de carga tributaria para empresas y sectores de mayores ingresos, mientras traslada el costo fiscal hacia políticas públicas dirigidas a estudiantes y familias vulnerables. Por eso resume el enfoque como una nueva ideología de “crecimiento con inequidad”.
“Estamos presenciando el nacimiento en Chile de una nueva ideología: crecimiento con inequidad.”
“Los draconianos recortes tributarios a las empresas vendrán acompañados de una más draconiana motosierra a programas sociales altamente meritorios.”
Finalmente, Waissbluth vincula la discusión fiscal con la desigualdad estructural del país. En sus publicaciones sostiene que Chile ya presenta una alta concentración del ingreso y la riqueza, con una porción significativa en manos del 1% más rico. Desde esa base, cuestiona que la respuesta del gobierno sea reducir impuestos sin una compensación clara por el lado de mayores tributos personales o patrimoniales.
Su propuesta apunta a mirar el sistema tributario desde la equidad. Waissbluth plantea que Chile recauda poco por impuestos personales en comparación con países desarrollados y que una mayor contribución de los altos patrimonios podría aliviar la presión sobre el gasto social. Su advertencia final es que, si el gobierno mantiene el diseño actual, el país podría terminar con más déficit, más tensión social y una distribución aún más regresiva de los beneficios del crecimiento.
“Tan solo un impuesto a los más altos patrimonios personales del 2 o 3% le solucionaría casi todo.”
“Nadie se iría de Chile porque en cualquier otro país tributarían mucho más.”
